El PP de Castilla-La Mancha ha comenzado el año con fuertes críticas al Presidente de la Junta, José María Barreda, a quien acusan de ser el verdadero artífice del caso de "nepotismo" y del "pucherazo" de las oposiciones a Jurídicos de la Junta, que provocaron el cese del director general de la Función Pública, Javier Sobrino, tras detectarse que entre los once aprobados se encontraban familiares suyos, además de otras personas relacionadas con altos cargos.
La secretaria general del PP, María Ángeles García, volvió ayer a denuncir el fraude de estas oposiciones que ha llevado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial a presentar una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Toledo para que se incoen diligencias penales. El Ministerio Público aprecia la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos cometida por autoridad o por funcionario público; un delito de revelación de secretos oficiales y de un delito de aprovechamiento por particulares de dicha revelación.
En este sentido, García aseguró que Barreda debería haber cesado a la consejera de Administraciones Públicas, Llanos Castellanos, y después haber presentado él mismo su dimisión, por haberse vulnerado en dichas pruebas los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y apuntó directamente a Barreda, a quien llamó "presidente heredado", como el artífice de tal "pucherazo y nepotismo", por haber permitido a la consejera permanecer en el cargo después de "burlarse" de los opositores y, en consecuencia, añadió, "no podemos consentir que el Gobierno regional hable de transparencia en las oposiciones.
García mencionó a los 723 opositores que, tras preparar concienzudamente los exámenes con mucho sacrificio, han visto sus aspiraciones frenadas "en un pozo sin fondo" y ahora están pendientes de una resolución. Para el PP, el presidente regional no debería confundir a la opinión pública al hablar de transparencia cuando debería decir engaño, ya que por las irregularidades en dichas oposiciones dimitió el director general de Función Pública, la fiscalía ha apreciado tres posibles delitos y la Consejería detectó incompatibilidades entre las oposiciones y altos cargos de la Junta.
Además, dijo María Ángeles García, si hubiera existido transparencia el Gobierno regional no habría tenido inconveniente en que se creara una comisión de investigación en las Cortes para depurar las responsabilidades políticas, como pidió el Partido Popular. "Quieren que algo no salga a la opinión pública, pero lo único que han hecho ha sido derivar la responsabilidad al sistema judicial", criticó.
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